Sociedad
Ignacio González asegura que desconocía que su hermano y su cuñado estaban detrás de la empresa a la que adjudicó el campo de golf
"Yo no conozco a nadie, no he hablado nunca con nadie, nunca he pedido nada a nadie, nunca he intervenido a favor de nadie", dice el expresidente de la Comunidad en el juicio contra él que se celebra en la Audiencia NacionalAguirre dice que fue “una buena idea” construir un campo de Golf en Chamberí
"Yo no conozco a nadie, no he hablado nunca con nadie, nunca he pedido nada a nadie, nunca he intervenido a favor de nadie", dice el expresidente de la Comunidad en el juicio contra él que se celebra en la Audiencia NacionalAguirre dice que fue “una buena idea” construir un campo de Golf en Chamberí: “Mejor que un helipuerto para Bono”
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha asegurado este miércoles en su declaración en el juicio del caso Lezo que se celebra en la Audiencia Nacional que desconocía que su hermano y el cuñado de este estaban vinculados a la empresa a la que el Canal de Isabel II otorgó bajo su presidencia un controvertido contrato.
“Yo nunca tuve conocimiento de qué era TCT [la receptora de las adjudicaciones bajo sospecha] y no tuve ningún conocimiento [de la vinculación con sus familiares] hasta que después de hacerse todo el proceso y toda la adjudicación aparecieron algunas informaciones”, ha dicho a preguntas de la Fiscalía, que solicita para él seis años de cárcel por dos delitos de cohecho.
Ignacio González, que fue presidente de la empresa pública de aguas entre 2003 y 2012, ha asegurado que su presencia en el Canal era “bastante esporádica” y que iba únicamente “una mañana a la semana”. Y ha reiterado que si hubiese tenido conocimiento de que había “familiares” suyos “en un contrato” habría preguntado a los servicios técnicos del Canal si era legal. “Si no cumplían los requisitos, no habría llevado el asunto al Consejo de Administración. Si hubiera sido legal, lo habría llevado, pero me hubiera abstenido”, ha asegurado. Ignacio González ha respondido a todas las partes que le han formulado preguntas salvo a la acusación popular que representa al PSOE.
“Yo no conozco a nadie, no he hablado nunca con nadie, nunca he pedido nada a nadie, nunca he intervenido a favor de nadie”, ha aseverado González, que entonces era también vicepresidente del Gobierno regional con Esperanza Aguirre. González ha explicado después que sus familiares le explicaron que su relación con la empresa “fue ya muy posterior a la adjudicación de todo este contrato” y que entraron en TCT en el año 2008, “una vez que la sociedad no tenía relación” con el Canal de Isabel II.
Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa pública de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Pero, un año después, el Canal y la Comunidad de Madrid, con Ignacio González en ambos sitios, aprobaron una modificación del plan inicial sin ninguna justificación e incluyeron un nuevo campo de golf con césped artificial.
La investigación del juez Manuel García Castellón acreditó, sin embargo, que esas variaciones en el contrato eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Y que Ignacio González y el entonces director gerente del Canal Ildefonso de Miguel “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a la citada TCT, vinculada al hermano y a un cuñado del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Ante el tribunal, Ignacio González ha asegurado que ese modificado “lo decidieron los órganos de gestión y de contratación”. A pesar de que entre las funciones de presidente del Canal está la elaboración del orden del día del consejo de administración del ente público, ha reiterado que él se limitaba a incluir las propuestas que hacían los “servicios técnicos”. “Jamás yo he intervenido en ninguno de los contratos ni de las propuestas que van al consejo, son los servicios técnicos los que proponen”, ha aseverado.
TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas.
Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.
Por otro lado, Ignacio González, también ha negado que Dragados pagara la reforma del jardín de su chalet de Aravaca poco después de que ACS —su empresa matriz— resultara adjudicataria de las obras del campo de golf. “Yo jamás he hablado con nadie de Dragados, jamás le he pedido a Dragados nada, ni en esto, ni en el golf, ni en ninguna cosa”, ha respondido cuando la fiscal le ha dicho si podía dar una “explicación lógica” al hallazgo en su domicilio en 2017 de dos facturas emitidas a nombre de una paisajista y pagadas por Dragados correspondientes a la misma dirección en la que está ubicada su casa.
Ante el tribunal, Ignacio González ha recordado que su mujer ya aseguró en su declaración como testigo en este juicio que Dragados “no intervino absolutamente para nada” en el jardín de su casa y que ella se encargó de gestionar la reforma con la paisajista Lucía Serredi, a la que pagó 9.000 euros en efectivo en entregas de 1.500 euros. Durante la fase de instrucción, la paisajista dijo que fue Dragados quien le envió los presupuestos. Serredi estaba citada en el juicio pero no ha prestado declaración debido a su delicado estado de salud. La Sala acordó que se reprodujera la declaración que prestó durante la investigación.
En la sesión de este miércoles también ha comparecido el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, a quien Esperanza Aguirre colocó en la empresa pública como parte de su plan para privatizar la gestión del agua de los madrileños. Durante el interrogatorio, ha reiterado que la decisión de cambiar el proyecto para levantar un campo de golf fue de Aguirre y ha mantenido que no conocía que detrás de TCT había familiares de Ignacio González.
De Miguel, que también llegó a pasar por prisión provisional por este asunto, ha descargado sobre el departamento de Contratación del Canal la responsabilidad de tramitar como “modificado” el nuevo contrato. “Contratación estudia la fórmula de hacerlo y decide que sea modificado. Cuando a mí me llega todo firmado por varias personas de distintos departamentos yo simplemente lo doy por bueno”, ha asegurado.
“¿Recibió del señor González o de cualquier otra persona alguna instrucción para favorecer a alguna empresa en el modificado?”, le ha preguntado su abogado. “No, porque además es que no tiene sentido. Un modificado es una adjudicación directa a la empresa que está ejecutando la obra”, ha respondido de Miguel, quien también ha negado que hablara de ese asunto con Dragados.
Pablo González, hermano del expresidente regional, ha respondido únicamente a las preguntas formuladas por su abogado. Ha asegurado que no empezó a “colaborar” con TCT hasta 2006 —año en que esa empresa resultó adjudicataria de los contratos del Canal—, si bien ha asegurado que no tuvo relación alguna con ninguno de esos contratos.
Ha explicado que su colaboración con la empresa se limitó a prestar asesoramiento financiero y comercial dado que TCT estaba preparando una propuesta para la Copa América de fútbol que se celebró el año siguiente en Venezuela. Y ha insistido en que su hermano Ignacio no conocía esa colaboración y que, en ningún caso, habló con él de los contratos del Canal.
Aunque ha admitido que su socio en TCT José Antonio Clemente sí le comentó en alguna comida que “estaba en tratos” con Dragados y las “dificultades que eso conllevaba y cómo lo estaba solventando”, era algo en lo que él podía ayudar “bastante poco”. A pesar de que era un proyecto en el que, supuestamente, no estaba implicado, Pablo González sí ha detallado que es “muy habitual” que en el ámbito de la construcción una empresa —TCT, en este caso— haga de intermediaria entre el contratista principal —Dragados— y el especialista que es capaz de llevar a cabo un trabajo concreto —Onlygolf—.
A su juicio, el valor añadido que TCT aportó a Dragados fue desvelar la “existencia” de Onlygolf, que era “la única empresa en en el mundo” capaz de hacer un campo de golf practicable en medio de una ciudad; así como todo el “trabajo administrativo” realizado por José Antonio Clemente.
El cuñado de Pablo González, Juan José Caballero, también ha afirmado que su vinculación con TCT empezó en 2006 y ha limitado a “algún soporte comercial muy puntual” su relación con los contratos del Canal a pesar de que eran los “más significativos” de la compañía. Pese a ello, ha admitido que Pablo González, José Antonio Clemente y él acordaron dividir las ganancias de TCT “a tercios y por partes iguales”. A preguntas de su defensa también se ha desvinculado de esas adjudicaciones.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha asegurado este miércoles en su declaración en el juicio del caso Lezo que se celebra en la Audiencia Nacional que desconocía que su hermano y el cuñado de este estaban vinculados a la empresa a la que el Canal de Isabel II otorgó bajo su presidencia un controvertido contrato.
“Yo nunca tuve conocimiento de qué era TCT [la receptora de las adjudicaciones bajo sospecha] y no tuve ningún conocimiento [de la vinculación con sus familiares] hasta que después de hacerse todo el proceso y toda la adjudicación aparecieron algunas informaciones”, ha dicho a preguntas de la Fiscalía, que solicita para él seis años de cárcel por dos delitos de cohecho.
Ignacio González, que fue presidente de la empresa pública de aguas entre 2003 y 2012, ha asegurado que su presencia en el Canal era “bastante esporádica” y que iba únicamente “una mañana a la semana”. Y ha reiterado que si hubiese tenido conocimiento de que había “familiares” suyos “en un contrato” habría preguntado a los servicios técnicos del Canal si era legal. “Si no cumplían los requisitos, no habría llevado el asunto al Consejo de Administración. Si hubiera sido legal, lo habría llevado, pero me hubiera abstenido”, ha asegurado. Ignacio González ha respondido a todas las partes que le han formulado preguntas salvo a la acusación popular que representa al PSOE.
“Yo no conozco a nadie, no he hablado nunca con nadie, nunca he pedido nada a nadie, nunca he intervenido a favor de nadie”, ha aseverado González, que entonces era también vicepresidente del Gobierno regional con Esperanza Aguirre. González ha explicado después que sus familiares le explicaron que su relación con la empresa “fue ya muy posterior a la adjudicación de todo este contrato” y que entraron en TCT en el año 2008, “una vez que la sociedad no tenía relación” con el Canal de Isabel II.
Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa pública de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Pero, un año después, el Canal y la Comunidad de Madrid, con Ignacio González en ambos sitios, aprobaron una modificación del plan inicial sin ninguna justificación e incluyeron un nuevo campo de golf con césped artificial.
La investigación del juez Manuel García Castellón acreditó, sin embargo, que esas variaciones en el contrato eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Y que Ignacio González y el entonces director gerente del Canal Ildefonso de Miguel “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a la citada TCT, vinculada al hermano y a un cuñado del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Ante el tribunal, Ignacio González ha asegurado que ese modificado “lo decidieron los órganos de gestión y de contratación”. A pesar de que entre las funciones de presidente del Canal está la elaboración del orden del día del consejo de administración del ente público, ha reiterado que él se limitaba a incluir las propuestas que hacían los “servicios técnicos”. “Jamás yo he intervenido en ninguno de los contratos ni de las propuestas que van al consejo, son los servicios técnicos los que proponen”, ha aseverado.
TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas.
Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.
Por otro lado, Ignacio González, también ha negado que Dragados pagara la reforma del jardín de su chalet de Aravaca poco después de que ACS —su empresa matriz— resultara adjudicataria de las obras del campo de golf. “Yo jamás he hablado con nadie de Dragados, jamás le he pedido a Dragados nada, ni en esto, ni en el golf, ni en ninguna cosa”, ha respondido cuando la fiscal le ha dicho si podía dar una “explicación lógica” al hallazgo en su domicilio en 2017 de dos facturas emitidas a nombre de una paisajista y pagadas por Dragados correspondientes a la misma dirección en la que está ubicada su casa.
Ante el tribunal, Ignacio González ha recordado que su mujer ya aseguró en su declaración como testigo en este juicio que Dragados “no intervino absolutamente para nada” en el jardín de su casa y que ella se encargó de gestionar la reforma con la paisajista Lucía Serredi, a la que pagó 9.000 euros en efectivo en entregas de 1.500 euros. Durante la fase de instrucción, la paisajista dijo que fue Dragados quien le envió los presupuestos. Serredi estaba citada en el juicio pero no ha prestado declaración debido a su delicado estado de salud. La Sala acordó que se reprodujera la declaración que prestó durante la investigación.
En la sesión de este miércoles también ha comparecido el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, a quien Esperanza Aguirre colocó en la empresa pública como parte de su plan para privatizar la gestión del agua de los madrileños. Durante el interrogatorio, ha reiterado que la decisión de cambiar el proyecto para levantar un campo de golf fue de Aguirre y ha mantenido que no conocía que detrás de TCT había familiares de Ignacio González.
De Miguel, que también llegó a pasar por prisión provisional por este asunto, ha descargado sobre el departamento de Contratación del Canal la responsabilidad de tramitar como “modificado” el nuevo contrato. “Contratación estudia la fórmula de hacerlo y decide que sea modificado. Cuando a mí me llega todo firmado por varias personas de distintos departamentos yo simplemente lo doy por bueno”, ha asegurado.
“¿Recibió del señor González o de cualquier otra persona alguna instrucción para favorecer a alguna empresa en el modificado?”, le ha preguntado su abogado. “No, porque además es que no tiene sentido. Un modificado es una adjudicación directa a la empresa que está ejecutando la obra”, ha respondido de Miguel, quien también ha negado que hablara de ese asunto con Dragados.
Pablo González, hermano del expresidente regional, ha respondido únicamente a las preguntas formuladas por su abogado. Ha asegurado que no empezó a “colaborar” con TCT hasta 2006 —año en que esa empresa resultó adjudicataria de los contratos del Canal—, si bien ha asegurado que no tuvo relación alguna con ninguno de esos contratos.
Ha explicado que su colaboración con la empresa se limitó a prestar asesoramiento financiero y comercial dado que TCT estaba preparando una propuesta para la Copa América de fútbol que se celebró el año siguiente en Venezuela. Y ha insistido en que su hermano Ignacio no conocía esa colaboración y que, en ningún caso, habló con él de los contratos del Canal.
Aunque ha admitido que su socio en TCT José Antonio Clemente sí le comentó en alguna comida que “estaba en tratos” con Dragados y las “dificultades que eso conllevaba y cómo lo estaba solventando”, era algo en lo que él podía ayudar “bastante poco”. A pesar de que era un proyecto en el que, supuestamente, no estaba implicado, Pablo González sí ha detallado que es “muy habitual” que en el ámbito de la construcción una empresa —TCT, en este caso— haga de intermediaria entre el contratista principal —Dragados— y el especialista que es capaz de llevar a cabo un trabajo concreto —Onlygolf—.
A su juicio, el valor añadido que TCT aportó a Dragados fue desvelar la “existencia” de Onlygolf, que era “la única empresa en en el mundo” capaz de hacer un campo de golf practicable en medio de una ciudad; así como todo el “trabajo administrativo” realizado por José Antonio Clemente.
El cuñado de Pablo González, Juan José Caballero, también ha afirmado que su vinculación con TCT empezó en 2006 y ha limitado a “algún soporte comercial muy puntual” su relación con los contratos del Canal a pesar de que eran los “más significativos” de la compañía. Pese a ello, ha admitido que Pablo González, José Antonio Clemente y él acordaron dividir las ganancias de TCT “a tercios y por partes iguales”. A preguntas de su defensa también se ha desvinculado de esas adjudicaciones.
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