La declaración de los directivos de Plus Ultra y el origen de las joyas marcan el presente judicial de Zapatero

El expresidente afronta un otoño clave con las confesiones de los directivos de la aerolínea sobre la supuesta comisión de 530.000 euros por el rescate, la procedencia de las piezas de alta joyería en su despacho y la investigación a sus hijas
El juez del caso Zapatero pide a la UDEF que investigue si la entrada de capital venezolano en Plus Ultra influyó en su rescate

La recuperación de la actividad judicial tras el parón estival devolverá de nuevo a la actualidad la investigación abierta a José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama cerró el curso judicial autorizando a la Policía a acceder a más sesenta cuentas del expresidente del Gobierno, su entorno y varias sociedades por las que habrían pasado los fondos bajo sospecha y pidiendo un informe sobre la influencia venezolana en Plus Ultra, la aerolínea cuyo rescate está en el epicentro del caso. Y lo retomará tomando declaración a los dimitidos presidente y CEO de esa compañía. Ambos directivos implicaron a Zapatero en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate.

Sus declaraciones, previstas para los días 7 y 8 de septiembre, pueden complicar todavía más el horizonte judicial del expresidente tras la confesión de su antiguo amigo y colaborador Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora que le pagó durante cinco años por supuestas labores “de asesoría” y que, a su vez, cobró elevadas cantidades de la aerolínea. El pasado julio este último anunció que colaboraría con la Justicia y atribuyó a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra la citada ayuda, si bien en su declaración ante el juez no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero ni cuánto habría cobrado por ello.

No obstante, el juez dejó por escrito en uno de sus últimos autos antes de que se iniciara agosto, mes inhábil en los juzgados, que sigue situando a Zapatero en el centro de una trama “organizada y estable” orientada al “ejercicio de influencias ilícitas” a favor de diferentes empresarios. El magistrado dirige una investigación que ha ido ampliándose tras arrancar en el rescate de Plus Ultra y que ahora abarca las asesorías de Zapatero para Análisis Relevante, la consultora de su amigo, para empresas latinoamericanas e, incluso, las joyas que encontró la UDEF en una caja fuerte de su despacho en Ferraz.

El asunto de las joyas, uno de los episodios que más ha erosionado a Zapatero por su impacto mediático, tendrá previsiblemente un papel central en la evolución de la causa judicial. Casi tres meses después de que trascendiera su hallazgo, el expresidente sigue sin explicar el origen de los objetos intervenidos. Aunque su entorno las valoró en un primer momento entre 30.000 y 50.000 euros, una prestigiosa joyería encargada de la tasación judicial ha estimado su valor real en 1,3 millones de euros.

En una entrevista en TVE el pasado julio, Zapatero dijo que eran regalos “sin uso ni destino”, apiladas junto a otras joyas de la familia y que, por supuesto, un peritaje de parte sometería “a contradicción” el valor que se les ha otorgado. En esa entrevista argumentó que debe respetar el procedimiento y hablar primero ante el juez, pero lo cierto es que se comprometió a hacerlo diez días después de declarar en la Audiencia Nacional y desde entonces han pasado más de dos meses.

Por el momento, lo único que consta en el juzgado es una petición de la Fiscalía de que se realice un análisis más exhaustivo de las joyas para conocer cuándo fueron engarzadas las piezas más valiosas. Entre ellas, un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales originarias de Zambia.
Declaración de sus hijas
Además de pronunciarse sobre esta petición, entro los asuntos pendientes para el juez también está fijar la fecha de la declaración de las hijas del expresidente después de que el pasado junio acordara dirigir la investigación también contra ellas. En uno de sus últimos autos, Calama situó a Whathefav, la pequeña empresa de marketing de las hijas del expresidente, como la principal receptora de fondos del entramado de Julio Martínez, solo por detrás del propio Zapatero.

Hasta el momento, las pesquisas de la Policía han desvelado que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de sociedades vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción.

En la resolución en la que confirmó su imputación, Calama afirmó que existen “indicios racionales” de que Whathefav era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. Los investigadores de la UDEF consideran que la compañía emitía facturas con el concepto “servicios agencia” sin detallar cuál era su prestación real, lo que les lleva a pensar que no había una correspondencia entre “la actividad declarada y la real”. El juez ya ordenó a la Guardia Civil el registro de sus oficinas el pasado mayo.
Peticiones de nulidad
Además, la defensa del expresidente estará muy pendiente de la respuesta que pueda dar el instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, el juez rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

De esta revisión han quedado excluidas medidas como el registro de las oficinas del expresidente y de varias empresas, así como la apertura de la pieza separada sobre las joyas. No obstante, estas decisiones podrían verse afectadas si se decidiera una eventual nulidad de las otras resoluciones que se van a estudiar.

Más allá del juzgado, durante el próximo otoño la Agencia Tributaria seguirá adelante con las actuaciones de comprobación e investigación con relación al expresidente, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. El juez rechazó paralizar esa investigación fiscal centrada en los impuestos de Sociedades, IVA, IRPF, Patrimonio y grandes fortunas de los ejercicios de 2021 a 2025 tal y como había reclamado la defensa del expresidente. En su resolución, Calama argumentó que no siempre que se abre una causa penal ha de suspenderse la inspección fiscal.