El juez Calama imputa a las hijas y a la secretaria de Zapatero

El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió al instructor que les tomase declaración en calidad de investigadas
Las respuestas de Zapatero no despejan las sospechas del juez sobre los cobros del conseguidor de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado dirigir la investigación del 'caso Plus Ultra' contra las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como contra su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que les tomase declaración en calidad de investigadas.

En el auto en el que acuerda estas diligencias, el instructor sostiene que citarlas como investigadas —y no como testigos— tiene como objetivo proteger sus derechos constitucionales y ofrecerles las máximas garantías procesales. Todavía no hay fecha para su declaración. El juez la señalará en otra resolución aparte.

En relación con las hijas, Calama afirma que existen “indicios racionales” de que su agencia de marketing, Whathefav, era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. El juez ya ordenó a la Guardia Civil registrar sus oficinas el pasado mayo.

Según la investigación, la agencia de Alba y Laura Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de empresas vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción. 

Respecto a la secretaria Gertrudis Alcázar, el juez apunta que los “indicios de su participación directa en los hechos” ya figuraban en el auto en el que imputó a Zapatero, donde también autorizó el registro de la oficina en la que trabaja. El instructor recuerda que esa resolución apuntaba a su “papel operativo esencial” como gestora de la cuenta de correo presidentezapatero@presidentezapatero.com desde la oficina de la calle Ferraz. Esa cuenta es identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

Los investigadores hallaron correos en los que la secretaria solicita indicaciones sobre facturas y los conceptos que deben consignarse, lo que a juicio de juez apunta a la existencia de “una concertación previa sobre el contenido, la descripción y el importe de las facturas, lo que revela la ausencia de una prestación real subyacente”.

En su auto, el juez rechaza la mayoría de las diligencias propuestas por la acusación popular unificada y la de Zapatero, sin perjuicio de que según avance la investigación pudiera valorarse su pertinencia, utilidad y necesidad.

El Partido Popular, que representa a las acusaciones populares del caso, había solicitado la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura como testigo, si bien el juez lo ha rechazado.

También rechaza la imposición de una fianza por el importe de la deuda impagada por Plus Ultra, cuyo rescate durante la pandemia está en el origen de este procedimiento. A este respecto, el juez recuerda que en esta causa no se investiga el procedimiento administrativo de concesión de esa ayuda pública, sino las conductas concretas que pudieron influir en la concesión de dicha ayuda en cuanto pudieran ser constitutivas de tráfico de influencias, así como el posible blanqueo vinculado al desvío de fondos canalizados a través de esa financiación pública.