Sociedad
Oro venezolano y alertas sobre un financiero vinculado al ‘caso Lezo’: el origen de la investigación a Zapatero
La denuncia de la Fiscalía que en octubre de 2024 dio origen al caso mencionaba los préstamos a Plus Ultra del holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el escándalo de la Comunidad de Madrid advirtió en 2021 la policía suiza El origen del caso que implica a Zapatero: una denuncia de Anticor
La denuncia de la Fiscalía que en octubre de 2024 dio origen al caso mencionaba los préstamos a Plus Ultra del holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el escándalo de la Comunidad de Madrid advirtió en 2021 la policía suiza
El origen del caso que implica a Zapatero: una denuncia de Anticorrupción tras alertas de Francia y Suiza
El origen de la investigación que ha acabado con José Luis Rodríguez Zapatero imputado en la Audiencia Nacional es una denuncia que, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó la Fiscalía Anticorrupción española en octubre de 2024 contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el conocido como ‘caso Lezo’ advirtió ya en 2021 la policía suiza, tras detectar las primeras alarmas.
La denuncia de la Fiscalía española instaba la incoación de diligencias previas en el Juzgado Central de Instrucción “al considerar la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación a una actividad criminal precedente relacionada con delitos de malversación y/o cohecho cometidos en Venezuela, así como, en su caso, con el uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen”.
El escrito del Ministerio Público recogía que Verhoeven, al que se atribuía un “presunto rol de gestor ejecutivo vinculado a la gestión operativa de sociedades pantallas y de cuentas bancarias en Suiza”, había utilizado tres sociedades para canalizar otros tantos contratos de préstamo a Plus Ultra, rescatada en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Por aquel entonces [octubre de 2024] Plus Ultra ya había devuelto esos préstamos a Verhoeven, según había declarado por aquellas fechas el financiero holandés a la Fiscalía Suiza, pero “sin aportar más datos sobre cuándo y cómo se llevaron a cabo tales devoluciones”.
Entre los denunciados por el Ministerio Público español figuraban, además del citado Verhoeven, entonces afincado en Mallorca, los peruanos Luis Felipe Baca y Enrique Martín Baca, el empresario venezolano Danilo Alfonso Díaz Granados y el español Miguel Palomero, abogado de confianza del venezolano Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, y al que la denuncia vinculaba con funciones operativas para los Baca y Díazgranados a través de sociedades en España, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas.
La denuncia mencionaba expresamente a Reyes. Recogía las sospechas de las autoridades francesas sobre el empresario venezolano “como beneficiario de transferencias de dinero, pudiendo estar implicado en una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro a una compañía aérea”, Coyne Airways, “hacia Dubái”.
La Fiscalía española presentó esa denuncia al apreciar indicios de la existencia de una organización criminal internacional conectada “con personas venezolanas y con activos en Venezuela, que pudieran estar conectados con la malversación de fondos públicos de los Programas venezolanos de distribución de alimentos subvencionados C. L. A. P. (Comités Locales de Abastecimiento) así como la venta de oro del Banco venezolano” a través de una sociedad de Emiratos Árabes “utilizando sociedades interpuestas”.
La documentación del caso recogida en el sumario refleja que el origen de la investigación se remonta a 2021. En concreto, el 1 de octubre de ese año, la policía suiza elabora un primer informe tras recibir tres avisos sobre otras tantas transacciones sospechosas realizadas ese mismo año que involucraban al holandés Verhoeven.
El informe advertía textualmente de que este financiero había estado “involucrado tanto en el caso de corrupción español 'caso Lezo', que involucró a dirigentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y del gobierno autonómico, como en las irregularidades que llevaron en 2019 a la retirada de la licencia bancaria del Banco del Orinoco, de Curazao, que pertenecía a Víctor Vargas, el ”banquero de Chávez“.
Ya entonces, los hermanos Baca habían aparecido en artículos en prensa con prácticas corruptas relacionadas con Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, entonces presidente de Venezuela.
La denuncia de la Fiscalía española se basaba en las conexiones de la organización criminal a través de una “probable filial” española de una sociedad de Islas Mauricio, Adamas Capital, que, según las autoridades francesas tenía un rol “preponderante en el blanqueo de capitales” a través de una “probable filial” constituida en 2019 por el abogado español Miguel Palomero.
Adamas tenía entre sus clientes a Gilberto Morales, alias “Morales”, venezolano nacionalizado español que, como señalaba la denuncia de la Fiscalía, había comprado un inmueble en España a través de una sociedad administrada también por Palomero tras recibir al menos 2,6 millones a través de una sociedad panameña, y que “está incluido en investigaciones de FBI sobre corrupción de fondos públicos venezolanos”.
El origen del caso que implica a Zapatero: una denuncia de Anticorrupción tras alertas de Francia y Suiza
El origen de la investigación que ha acabado con José Luis Rodríguez Zapatero imputado en la Audiencia Nacional es una denuncia que, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó la Fiscalía Anticorrupción española en octubre de 2024 contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el conocido como ‘caso Lezo’ advirtió ya en 2021 la policía suiza, tras detectar las primeras alarmas.
La denuncia de la Fiscalía española instaba la incoación de diligencias previas en el Juzgado Central de Instrucción “al considerar la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación a una actividad criminal precedente relacionada con delitos de malversación y/o cohecho cometidos en Venezuela, así como, en su caso, con el uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen”.
El escrito del Ministerio Público recogía que Verhoeven, al que se atribuía un “presunto rol de gestor ejecutivo vinculado a la gestión operativa de sociedades pantallas y de cuentas bancarias en Suiza”, había utilizado tres sociedades para canalizar otros tantos contratos de préstamo a Plus Ultra, rescatada en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Por aquel entonces [octubre de 2024] Plus Ultra ya había devuelto esos préstamos a Verhoeven, según había declarado por aquellas fechas el financiero holandés a la Fiscalía Suiza, pero “sin aportar más datos sobre cuándo y cómo se llevaron a cabo tales devoluciones”.
Entre los denunciados por el Ministerio Público español figuraban, además del citado Verhoeven, entonces afincado en Mallorca, los peruanos Luis Felipe Baca y Enrique Martín Baca, el empresario venezolano Danilo Alfonso Díaz Granados y el español Miguel Palomero, abogado de confianza del venezolano Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, y al que la denuncia vinculaba con funciones operativas para los Baca y Díazgranados a través de sociedades en España, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas.
La denuncia mencionaba expresamente a Reyes. Recogía las sospechas de las autoridades francesas sobre el empresario venezolano “como beneficiario de transferencias de dinero, pudiendo estar implicado en una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro a una compañía aérea”, Coyne Airways, “hacia Dubái”.
La Fiscalía española presentó esa denuncia al apreciar indicios de la existencia de una organización criminal internacional conectada “con personas venezolanas y con activos en Venezuela, que pudieran estar conectados con la malversación de fondos públicos de los Programas venezolanos de distribución de alimentos subvencionados C. L. A. P. (Comités Locales de Abastecimiento) así como la venta de oro del Banco venezolano” a través de una sociedad de Emiratos Árabes “utilizando sociedades interpuestas”.
La documentación del caso recogida en el sumario refleja que el origen de la investigación se remonta a 2021. En concreto, el 1 de octubre de ese año, la policía suiza elabora un primer informe tras recibir tres avisos sobre otras tantas transacciones sospechosas realizadas ese mismo año que involucraban al holandés Verhoeven.
El informe advertía textualmente de que este financiero había estado “involucrado tanto en el caso de corrupción español 'caso Lezo', que involucró a dirigentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y del gobierno autonómico, como en las irregularidades que llevaron en 2019 a la retirada de la licencia bancaria del Banco del Orinoco, de Curazao, que pertenecía a Víctor Vargas, el ”banquero de Chávez“.
Ya entonces, los hermanos Baca habían aparecido en artículos en prensa con prácticas corruptas relacionadas con Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, entonces presidente de Venezuela.
La denuncia de la Fiscalía española se basaba en las conexiones de la organización criminal a través de una “probable filial” española de una sociedad de Islas Mauricio, Adamas Capital, que, según las autoridades francesas tenía un rol “preponderante en el blanqueo de capitales” a través de una “probable filial” constituida en 2019 por el abogado español Miguel Palomero.
Adamas tenía entre sus clientes a Gilberto Morales, alias “Morales”, venezolano nacionalizado español que, como señalaba la denuncia de la Fiscalía, había comprado un inmueble en España a través de una sociedad administrada también por Palomero tras recibir al menos 2,6 millones a través de una sociedad panameña, y que “está incluido en investigaciones de FBI sobre corrupción de fondos públicos venezolanos”.
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